Información de las series
ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA
El DANE en 2003, en conjunto con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) realizó en Bogotá, Cali y Medellín la primera Encuesta de Victimización. Su objetivo era caracterizar aspectos relacionados con la criminalidad que permitieran a las autoridades competentes tomar decisiones en el corto y mediano plazo respecto al control, prevención y seguimiento del delito. Asimismo buscaba medir la criminalidad no denunciada en las ciudades objeto de estudio.
Esta encuesta tuvo en cuenta diferentes experiencias realizadas a nivel nacional e internacional. En el ámbito nacional se encontraron los módulos de criminalidad aplicados conjuntamente con la Encuesta Nacional de Hogares durante el periodo de 1985 a 1995, los cuales buscaban obtener información relacionada con la criminalidad real y población afectada por la delincuencia y la violencia. En 1985 la muestra fue de 21.400 hogares y fue aplicada en 11 ciudades; en 1991 se encuestaron 17.203 hogares y en 1995 la muestra fue 20.076 hogares.
Posteriormente, el DANE en 2009 implementó en el municipio de Soacha la prueba piloto de una nueva versión de la Encuesta de Victimización. Esta tenía como objetivo conocer información sobre aspectos relacionados con la criminalidad y percepción de seguridad que permitieran a las autoridades competentes tomar decisiones, sobre el control y prevención del delito, así como, estimar la criminalidad real y oculta.
En 2011 el DANE, realizó en conjunto con el Ministerio de Defensa Nacional la prueba piloto de la Encuesta de Victimización en la ciudad de Cali, con el objetivo general de generar información estadística sobre personas de 15 años y más, que habían sufrido un perjuicio como consecuencia de acciones delictivas tales como hurto, violencia interpersonal o extorsión e indagar sobre la percepción de seguridad que tienen las personas. En abril de 2012 se repitió el ejercicio de la prueba piloto evaluando los cambios que fueron resultado del análisis de la primera piloto.
REFERENTES INTERNACIONALES
La expansión internacional de los instrumentos estadísticos para la medición de la victimización, constituye una evidencia más sobre la necesidad de diagnóstico y caracterización de los delitos requerida para la construcción de políticas de seguridad eficientes en la administración de recursos y eficaces en la reducción de los factores de violencia en distintos países.
Particularmente, las experiencias del continente americano resultan un buen referente comparativo para Colombia, ya que los contextos políticos, económicos y sociales así como los fenómenos de inseguridad en muchos casos se dinamizan en torno a unos ejes similares como son los tráficos ilegales (drogas, armas y personas), las redes de criminalidad y el papel de las instituciones de seguridad y administración de justicia.
Sin embargo, cada país posee distintas prioridades de seguridad pública que dan lugar a patrones de victimización particulares, con lo cual las encuestas de victimización y seguridad pública realizadas en el año 2009 por México, Argentina, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Chile, El Salvador y Estados Unidos reflejan en gran medida esta situación.
En términos generales, las encuestas de victimización de estos países comparten el interés por caracterizar algunos de los principales indicadores de seguridad ciudadana como son el hurto a personas, el hurto a viviendas, el hurto de vehículos, las lesiones personales y las agresiones sexuales. Esto con el fin de establecer los patrones de victimización más comunes entre la población urbana y medir periódicamente el impacto de las políticas de seguridad.
En el caso particular de México, el Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI, ha hecho un avance en la discusión de la conceptualización de los delitos a través de un trabajo juicioso con varios institutos de estadística. Asimismo, su encuesta explora temas adicionales como los delitos económicos (fraude, estafa, clonación de tarjetas de crédito, etcétera), el secuestro y la extorsión; lo cual es un reflejo de las problemáticas que actualmente aquejan a este país por la influencia del tráfico de drogas y las altas tasas de criminalidad.
Una situación similar se presenta en El Salvador, en donde el interés por detallar el fenómeno de las pandillas (conocidas como “Maras”), su correlación con amenazas de muerte y homicidios, así como la ocurrencia de actividades ilegales como extorsión o pago de “rentas” (entendidas como pagos por seguridad); pretende refinar el conocimiento sobre las principales tendencias de criminalidad y violencia, así como establecer focos de intervención por parte del Estado y sus fuerzas públicas.
De otra parte, Argentina y Chile incorporan en sus encuestas una problemática determinante en el contexto latinoamericano como lo es la corrupción. En este sentido, la oportunidad de indagar por el tipo de funcionarios públicos involucrados y las situaciones en las cuales se presenta con mayor frecuencia, permite identificar las vulnerabilidades de la estructura burocrática de estos estados, así como los mecanismos legales necesarios para contrarrestar este fenómeno.
Estados Unidos desarrolla en su encuesta una indagación particular por las causales de violencia relacionadas con la discriminación por raza o creencia religiosa. En sociedades con una tasa de inmigración importante como Estados Unidos, Argentina y Chile, las probabilidades de que un acto de violencia (denominado dentro de las encuestas como lesiones personales) se materialice por motivaciones de rechazo racial o religioso son mayores que en otros países de la región, aunque estos se caractericen por ser multiétnicos y con libertad de credos.
Es así, que comprender la relación entre valores sociales como la tolerancia y el respeto por la diferencia, y la propensión a reaccionar violentamente ante situaciones cotidianas, abre el espacio para explicaciones más complejas sobre situaciones como el vandalismo o lesiones personales, en tanto supone acciones de retaliación y agresión intencionalmente motivadas y orientadas por dificultades de convivencia en sociedad.
Las encuestas de victimización de Venezuela y Ecuador se enfocan en desarrollar detalladamente la percepción de seguridad que los ciudadanos tienen sobre los factores desencadenantes de la inseguridad en sus países. De tal forma, la presencia de grupos irregulares, la inmigración ilegal, los tráficos ilegales y las redes de delincuencia común, constituyen algunas de las explicaciones propuestas, con el objeto de precisar el nivel de visibilidad alcanzado por ciertos actores ilegales y su nivel de penetración a nivel social y económico en estas sociedades por medio de “mercados de violencia”.
En Uruguay, particularmente, la encuesta del 2009 se construyó para medir la victimización en lugares de trabajo como empresas o fábricas, identificando el mismo grupo de delitos que los demás países pero circunscritos a situaciones laborales particulares. Este tipo de instrumento se crea con el objetivo de contrastar las tendencias delictivas generales con las tendencias delictivas localizadas en escenarios específicos como zonas comerciales o plazas de mercado, zonas escolares o universitarias, o zonas de recreación como parques o espacios deportivos.
Finalmente, un aspecto transversal y que cada vez toma mayor importancia en el diseño de encuestas de victimización es el tema de la confianza y evaluación del desempeño institucional. Su importancia radica en que la opinión y criterio de la ciudadanía frente a la gestión de las instituciones del Estado es un indicador del impacto social de las medidas de seguridad adoptadas, así como de la cercanía y utilidad de estas en la solución de los problemas de seguridad que los ciudadanos pudieran enfrentar en algún momento.
En este sentido, las encuestas se convierten en un instrumento de medición de la gestión pública del Estado frente a las situaciones que más afectan directamente a los ciudadanos: la seguridad. También representan una eficiente manera de retratar o reproducir las transformaciones reales de las dinámicas delictivas y la articulación de actores criminales sobre la base de la experiencia de la población esperando, a través de la repetición anual o bianual de la encuesta, establecer líneas base que hagan lo más objetivo posible el diagnóstico necesario en materia de seguridad pública y convivencia ciudadana.
En conclusión, las encuestas de victimización americanas resultan un referente importante para el país, en tanto abren una amplia muestra de diseños y datos comparables que posibilita que los resultados de la primera ECSC de Colombia trasciendan y se comprometa en los ejercicios comparativos de los sistemas internacionales de medición como la misma Encuesta Internacional a Víctimas del Delito (ICVS).
