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ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA
Los antecedentes históricos más inmediatos de las encuestas de victimización se remontan hacia las décadas de 1960 y 1970. A partir de 1966 se efectuaron estudios pilotos en Estados Unidos sobre tendencias delictivas, los cuales “identificaron un nivel delictivo significativamente más elevado que el capturado en los registros policiales oficiales”. Es así, que durante los años sesenta, los criminólogos identificaron las debilidades de las fuentes oficiales y buscaron métodos alternativos que permitieran descripciones más precisas de los hechos delictivos y de las percepciones de las y los ciudadanos víctimas de estos sucesos.
A partir de estas observaciones, las primeras encuestas sobre victimización se implementaron con el objetivo de revisar y complementar lo que se denominó la “cifra oculta” del delito, es decir, los delitos que no se denunciaban o que no eran registrados por las fuerzas de policía.
Durante los años setenta e inicios de los ochenta, se desarrollaron encuestas nacionales de victimización en países como Finlandia (en alianza con Gallup Finland en 1970), Holanda (1974), Australia (1975), Suecia (1978-79), Israel (1979) y Reino Unido (1981). En particular, Estados Unidos realizó un aporte sobresaliente en esta área con la Encuesta Nacional sobre Delito en Estados Unidos (1972).
A nivel internacional se implementa la Encuesta de las Naciones Unidas sobre tendencias delictivas y la operación de los sistemas de justicia penal, también conocida como Encuesta sobre Tendencias Delictivas (CTS por sus siglas en inglés), que recolecta datos sobre delito a nivel mundial. Posteriormente el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI) junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) desarrollaron la Encuesta Internacional a Víctimas del Delito (ICVS) en 1987, con el objetivo de maximizar la comparabilidad de los datos, dadas las diferencias en las definiciones de los tipos delictivos en cada uno de los países.
El desarrollo de distintos instrumentos de medición y registro de los hechos delictivos no solo representan una forma de retratar los procesos de victimización a nivel nacional e internacional, sino también una herramienta para la toma de decisiones políticas y jurídicas por parte de los Estados en su propósito por reducir los índices de criminalidad e inseguridad para sus ciudadanos. Así, la “cifra oculta” resulta importante para la comprensión de las tendencias delictivas de cualquier sociedad contemporánea como complemento de las estadísticas emitidas por los órganos de policía y los sistemas de justicia que captan particularmente los hechos denunciados.
Como resultado, las estadísticas sobre victimización actualmente no solo incluyen datos sobre delitos que comúnmente afectan a la ciudadanía tales como los hurtos (personas, vehículos y residencias), sino también otros actos tipificados como contravenciones o actos contra el orden y la moral pública, y que constituyen factores desencadenantes de problemas de convivencia tales como el vandalismo o la violencia interpersonal e intrafamiliar.
Por su parte, el DANE en 2003, en conjunto con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), realizó en Bogotá, Cali y Medellín la primera Encuesta de Victimización. Su objetivo era caracterizar aspectos relacionados con la criminalidad que permitieran a las autoridades competentes tomar decisiones en el corto y mediano plazo respecto al control, prevención y seguimiento del delito. Asimismo, buscaba medir la criminalidad no denunciada en las ciudades objeto de estudio.
Esta encuesta tuvo en cuenta diferentes experiencias realizadas a nivel nacional e internacional. En el ámbito nacional se encontraron los módulos de criminalidad aplicados conjuntamente con la Encuesta Nacional de Hogares durante el periodo de 1985 a 1995, que buscaban obtener información relacionada con la criminalidad real y población afectada por la delincuencia y la violencia. En 1985 la muestra fue de 21.400 hogares y fue aplicada en 11 ciudades; en 1991 se encuestaron 17.203 hogares y en 1995 la muestra fue de 20.076 hogares.
Posteriormente, el DANE en 2009 implementó en el municipio de Soacha la prueba piloto de una nueva versión de la Encuesta de Victimización. Esta tenía como objetivo conocer información sobre aspectos relacionados con la criminalidad y la percepción de seguridad que permitieran a las autoridades competentes tomar decisiones, sobre el control y prevención del delito, así como, estimar la criminalidad real y oculta.
En 2011, el DANE realizó en conjunto con el Ministerio de Defensa Nacional la prueba piloto de la Encuesta de Victimización en la ciudad de Cali, con el objetivo general de generar información estadística sobre personas de 15 años y más, que habían sufrido un perjuicio como consecuencia de acciones delictivas tales como hurto, violencia interpersonal o extorsión e indagar sobre la percepción de seguridad que tienen las personas. En abril de 2012 se repitió el ejercicio de la prueba piloto evaluando los cambios que fueron resultado del análisis de la primera piloto.
Luego de estas pruebas piloto, en julio de 2012 se aplicó la encuesta en 20 dominios (25 ciudades) del país, que permitieron obtener resultados para el área urbana. Estas ciudades fueron: Armenia, Barranquilla, Soledad, Bogotá, Soacha, Bucaramanga, Cali, Palmira, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín, Envigado, Itagüí, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Valledupar y Villavicencio. La muestra final fue de 48.410 hogares y los resultados se publicaron el 1 de noviembre de 2012.
A comienzos de 2019, se planteó la necesidad de mejorar la cobertura geográfica de la ECSC, por lo que se diseñó un formulario que identificara la victimización y percepción de seguridad en centros poblados y rural disperso. Asimismo, se realizó una prueba piloto en los municipios de Bogotá y Quetame en marzo de 2019 y se realizaron ajustes al diseño temático de la investigación, incorporando la medición de problemáticas y delitos que tienen mayor afectación en el área rural. La encuesta se aplicó en abril de 2019 con una cobertura para total nacional, cabecera y resto (centro poblado y rural disperso) y para la cabecera de 13 ciudades (Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Pasto, Pereira y Villavicencio).
Para la ECSC 2020 se incluyó el Módulo de Necesidades Jurídicas en convenio con el Ministerio de Justicia y del Derecho, cuyo objetivo fue el de identificar y caracterizar el acceso efectivo a la justica en Colombia de las personas de 18 años y más en la atención, apoyo obtenido y resultados alcanzados en la gestión de sus desacuerdos, conflictos, disputas o problemas justiciable. En noviembre de 2019 en los municipios de Mompós, Cúcuta, Buga y Medellín se realizó la prueba piloto del módulo. El Módulo de Necesidades Jurídicas solo se realizó para la encuesta del año 2020.
Dado la emergencia sanitaria declarada en marzo de 2020 debido a la pandemia por COVID-19, la recolección en campo de la encuesta en profundidad tuvo que ser aplazada para los meses de agosto y octubre de 2020, generalmente la recolección en campo se realiza entre los meses de abril a junio.
REFERENTES INTERNACIONALES
La expansión internacional de los instrumentos estadísticos para la medición de la victimización constituye una evidencia más sobre la necesidad de diagnóstico y caracterización de los delitos requerida para la construcción de políticas de seguridad eficientes en la administración de recursos, y eficaces en la reducción de los factores de violencia en distintos países.
Particularmente, las experiencias del continente americano resultan un buen referente comparativo para Colombia, ya que los contextos políticos, económicos y sociales, así como los fenómenos de inseguridad en muchos casos se dinamizan en torno a unos ejes similares como son los tráficos ilegales (drogas, armas y personas), las redes de criminalidad y el papel de las instituciones de seguridad y administración de justicia.
Sin embargo, cada país posee distintas prioridades de seguridad pública que dan lugar a patrones de victimización particulares, con lo cual las encuestas de victimización y seguridad pública realizadas por México, Argentina, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Chile, El Salvador, Perú, Paraguay y Estados Unidosreflejan en gran medida esta situación.
En términos generales, las encuestas de victimización de estos países comparten el interés por caracterizar algunos de los principales indicadores de seguridad ciudadana como son el hurto a personas, el hurto a viviendas, el hurto de vehículos, las lesiones personales y las agresiones sexuales. Esto con el fin de establecer los patrones de victimización más comunes entre la población urbana y medir periódicamente el impacto de las políticas de seguridad.
En el caso particular de México, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), explora temas adicionales como los delitos económicos (fraude, estafa, clonación de tarjetas de crédito, etcétera), el secuestro y la extorsión; lo cual es un reflejo de las problemáticas que actualmente aquejan a este país por la influencia del tráfico de drogas y las altas tasas de criminalidad.
Una situación similar se presenta en El Salvador, en donde el interés por detallar el fenómeno de las pandillas (conocidas como “Maras”), su correlación con amenazas de muerte y homicidios, así como la ocurrencia de actividades ilegales como extorsión o pago de “rentas” (entendidas como pagos por seguridad), ha llevado a perfeccionar el conocimiento sobre las principales tendencias de criminalidad y violencia, así como establecer focos de intervención por parte del Estado y sus fuerzas públicas.
De otra parte, Argentina y Chile incorporan en sus encuestas una problemática determinante en el contexto latinoamericano como lo es la corrupción. En este sentido, la oportunidad de indagar por el tipo de funcionarios públicos involucrados y las situaciones en las cuales se presenta con mayor frecuencia permite identificar las vulnerabilidades de la estructura burocrática de estos estados, así como los mecanismos legales necesarios para contrarrestar este fenómeno.
Estados Unidos desarrolla en su encuesta una indagación particular por las causales de violencia relacionadas con la discriminación por raza o creencia religiosa. En sociedades con una tasa de inmigración importante como Estados Unidos, Argentina y Chile, las probabilidades de que un acto de violencia (denominado dentro de las encuestas como lesiones personales) se materialice por motivaciones de rechazo racial o religioso son mayores que en otros países de la región, aunque estos se caractericen por ser multiétnicos y con libertad de credos.
Es así, que comprender la relación entre valores sociales como la tolerancia y el respeto por la diferencia, y la propensión a reaccionar violentamente ante situaciones cotidianas, abre el espacio para explicaciones más complejas sobre situaciones como el vandalismolesiones personales, en tanto supone acciones de retaliación y agresión intencionalmente motivadas y orientadas por dificultades de convivencia en sociedad.
Las encuestas de victimización de Venezuela y Ecuador se enfocan en desarrollar detalladamente la percepción de seguridad que los(las) ciudadanos(as) tienen sobre los factores desencadenantes de la inseguridad en sus países. De tal forma, la presencia de grupos irregulares, la inmigración ilegal, los tráficos ilícitos y las redes de delincuencia común, constituyen algunas de las explicaciones propuestas, con el objeto de precisar el nivel de visibilidad alcanzado por ciertos actores ilegales y su nivel de penetración a nivel social y económico en estas sociedades por medio de “mercados de violencia”.
En Uruguay, particularmente, la encuesta de 2009 se construyó para medir la victimización en lugares de trabajo como empresas o fábricas, identificando el mismo grupo de delitos que los demás países, pero circunscritos a situaciones laborales particulares. Este tipo de instrumento se crea con el objetivo de contrastar las tendencias delictivas generales con las tendencias delictivas localizadas en escenarios específicos como zonas comerciales o plazas de mercado, zonas escolares o universitarias, o zonas de recreación como parques o espacios deportivos. En 2017, Uruguay realizó la Encuesta Nacional de Victimización con la finalidad de indagar por las dinámicas asociadas a la seguridad ciudadana. Para el desarrollo de su cuestionario Uruguay utilizó como referente la encuesta de victimización de México, la ENVIPE que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Los países de Perú y Paraguay, en 2017 y 2019 respectivamente, realizaron su primera encuesta de victimización, tomando como base la metodología homologada para realizar encuestas de victimización en América Latina y el Caribe de la Iniciativa para la encuesta de victimización delictiva en Latinoamérica y el Caribe (VICLAC) liderado por el Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), adaptando el cuestionario común que propone la Iniciativa VICLAC al contexto del fenómeno de la delincuencia en cada país. Contemplan también el mismo grupo de delitos de los demás países, como los hechos victimizantes cometidos al hogar y los hechos victimizantes cometidos a las personas.
Finalmente, un aspecto transversal y que cada vez toma mayor importancia en el diseño de encuestas de victimización es el tema de la confianza y evaluación del desempeño institucional. Su importancia radica en que la opinión y criterio de la ciudadanía frente a la gestión de las instituciones del Estado es un indicador del impacto social de las medidas de seguridad adoptadas, así como de la cercanía y utilidad de estas en la solución de los problemas de seguridad que la ciudadanía pudiera enfrentar en algún momento.
En este sentido, las encuestas se convierten en un instrumento de medición de la gestión pública del Estado frente a las situaciones que más afectan directamente a la ciudadanía: la seguridad. También representan una eficiente manera de retratar o reproducir las transformaciones reales de las dinámicas delictivas y la articulación de actores criminales sobre la base de la experiencia de la población esperando, a través de la repetición anual o bianual de la encuesta, establecer líneas base que hagan lo más objetivo posible el diagnóstico necesario en materia de seguridad pública y convivencia ciudadana.
Por otro lado, y como parte del trabajo del Grupo de la CEA-CEPAL de estadísticas de seguridad y justicia, se puso en marcha la Iniciativa para la encuesta de victimización delictiva en Latinoamérica y el Caribe (VICLAC), la cual permitió diseñar un formulario de recolección en consenso entre las oficinas nacionales de estadística de la región, como un referente para los países que ya contaban con una encuesta de victimización y para los que todavía no la habían realizado.
Dicho formulario contiene una batería de preguntas que permiten calcular la prevalencia delictiva, la incidencia delictiva, la cifra oscura y la percepción de seguridad. Asimismo, este se construyó con un documento conceptual que describe los criterios metodológicos a tener en cuenta para la aplicación de la encuesta.
En el marco de las actividades de dicho grupo de trabajo, también se consolidó la Clasificación Internacional de Delitos con fines estadísticos, lo cual aporta en el camino de generar estadísticas sobre criminalidad y percepción de seguridad comparables, que se enmarquen bajo las mismas definiciones y categorías.
