| Descripción |
En Colombia, luego de la promulgación de la Constitución Política de 1991, el tipo de intervención estatal y su alcance fueron modificados. A grandes rasgos se pasó de un activismo estatal a un estado con funciones intermedias o mínimas dependiendo del sector. Ese cambio de orden macro-institucional se ha traducido en un cambio de las organizaciones para acoplarse a las nuevas competencias y responsabilidades. Por tal motivo, es necesario analizar la capacidad y eficacia del estado para implementar tales atribuciones del nuevo modelo de gestión pública, así como su transformación en políticas públicas.
En el ámbito de la administración pública se carece de un conjunto de indicadores que integre la mayor cantidad de información sobre la burocracia, de tal forma que se pueda tipificar el nivel de desarrollo de las organizaciones en un momento dado así como describir su cambio a lo largo del tiempo.
Las evaluaciones existentes en la materia, enfatizan la detección de riesgos de corrupción en la administración pública, con el fin de adoptar hacia el futuro una política preventiva1. La estructura, la trama de relaciones y las motivaciones de las organizaciones burocráticas es mas profunda y variada, como para fijarse en una sola dimensión de su comportamiento. Esa mirada unidimensional se traduce en la conformación de marcos de diagnóstico incompletos que impiden que las políticas se formulen y evalúen de manera consistente y coherente.
Las mediciones recientes, que buscan una aproximación directa y objetiva sobre el desempeño de las entidades públicas2, como por ejemplo el Índice de Transparencia (Nacional y Departamental), tienen dificultades metodológicas3. En ese sentido, cabe resaltar que la medición del desempeño y el cambio organizacional no guarda una correspondencia total con los conceptos que se establecen. Razón por la cual se requiere la constitución de una batería de indicadores, donde la conformación de una clasificación del desarrollo de las organizaciones públicas constituye un avance.
Para evitar tales dificultades y aminorar los sesgos analíticos que se derivan de las mediciones en esta materia, surge la necesidad de constituir información complementaria sobre el comportamiento de las organizaciones públicas, a partir de la detección de actitudes, motivaciones y percepciones. Por tal motivo, en el 2005, el DIRPEN, dirección encargada de la Encuesta de Desempeño Institucional (EDI) adoptó un marco teórico y en función del mismo reorganizó la información existente de la encuesta para los años 2003 y 2004, llevo a cabo el ejercicio para el 2005, con el fin de obtener informes técnicos anuales sobre el ambiente y desempeño institucional de la administración pública nacional. A partir del año 2007, la encuesta se realiza anualmente en el marco del proyecto de estadísticas políticas y culturales del DANE. Los documentos resultantes de este esfuerzo se encuentran disponibles en la página Web Institucional del DANE, www.dane.gov.co.
En su conjunto la EDI identifica la naturaleza de las organizaciones públicas, estableciendo si tienden a modernizarse. Esto permite establecer, en línea con la Nueva Economía Institucional y especialmente con la teoría de la Nueva Administración Pública, si las organizaciones presentan problemas de agencia, si apalancan la misión que se hayan trazado, si son proactivas con el cambio organizacional y si existen dependencias de trayectoria que inhiben su desarrollo.
La EDI, proporciona a la sociedad colombiana información básica y estratégica sobre la percepción que tienen los funcionarios públicos del desarrollo institucional (Ambiente y Desempeño) de las entidades públicas. En ese sentido servirá de apoyo en la formulación de políticas, tanto a nivel de todo el sector público como en el ámbito de cada entidad pública.
Como propósito de mediano plazo, la EDI apuntaría a complementar la evaluación de las reformas institucionales en el terreno de la administración pública que realizan otras entidades, especialmente el Departamento Nacional de Planeación, a través de la Dirección de Evaluación de Políticas y la Vicepresidencia de la República por intermedio del Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción.
Por último, una mayor confiabilidad y oportunidad de la información sobre los aspectos investigados, apuntaría a fomentar el control social a través de mecanismos como las veedurías ciudadanas, de tal forma que se vaya institucionalizando el ejercicio de pesos y contrapesos como condición sine qua non de la gobernabilidad democrática. |
